Las Cortes y sus bienesLo público
Detalle de un cuadro del siglo XIX sobre Enrique III de Castilla

Metodología

De dónde salen los datos, cómo se han procesado y limitaciones.

Episodio del reinado de Enrique III de Castilla, José María Rodríguez de Losada, h. 1870. Colección del Museo Nacional del Prado.
Enrique III «el Doliente» (Burgos, 1379-Toledo, 1406). Rey de Castilla y León entre 1390 y 1406. Con la falsa excusa de dictar su testamento, reunió a la nobleza castellana para afear su conducta derrochadora y su abuso de poder, que habían arruinado al reino y a la Corona.

Los datos

La base de datos que alimenta la web ha sido confeccionada usando fuentes oficiales y está disponible para descarga en Zenodo.

Las Cortes y sus bienesDataset · XV Legislatura
Versión
1.0.0, 29 de septiembre de 2026
Fichas consultadas
17 de agosto de 2026
Altas y bajas
hasta el 29 de septiembre de 2026
Contenido
350 diputados, 265 senadores y 19 miembros del Gobierno sin escaño
Licencia
CC0 1.0
Descargar dataset en Zenodo

En el caso de los miembros del Gobierno, la Ley 3/2015 del 30 de marzo obliga a publicar en el BOE las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales tanto a la toma de posesión del cargo como en el cese. Por otro lado, la Ley Orgánica 5/1985 (LOREG) en su artículo 160 impone la obligación de formular declaraciones de actividades y bienes patrimoniales a los representantes de las cámaras legislativas (tanto Congreso como Senado). Estas declaraciones se publican en las páginas web oficiales del Congreso de los Diputados y del Senado, de donde se han extraído, además de los bienes, activos y rentas de alquiler, otros datos como edad, biografía, fecha de acceso al cargo, etc. Cada ficha de esta plataforma permite acceder a la ficha oficial de cada parlamentario.

El salario público de cada miembro se ha estimado en base al Régimen Económico de las Cortes (art. 71.4 de la Constitución, art. 8 del Reglamento del Congreso, art. 23 del Reglamento del Senado, y las tablas vigentes del Congreso y del Senado) y los cargos que constan en cada ficha oficial.

Limitaciones

La declaración de los bienes está sujeta a diferentes niveles de garantías según se trate de altos cargos o parlamentarios. En el caso de diputados y senadores, además, el formulario solo pide describir los inmuebles, no valorarlos.

Los altos cargos sometidos a la Ley 3/2015 tienen un plazo improrrogable de 3 meses desde su toma de posesión y su cese para presentar la declaración. No declarar tras el apercibimiento es una infracción grave, que se sanciona con la publicación del incumplimiento en el BOE y la imposibilidad de ser nombrado alto cargo durante entre 5 y 10 años; declarar fuera de plazo es una infracción leve, sancionada con amonestación. Además de la declaración de bienes, estos altos cargos deben aportar copia de su declaración del IRPF al inicio, al cese y cada año, y al cesar la Oficina de Conflictos de Intereses examina su situación patrimonial en un informe que debe elaborar en los tres meses siguientes; si aprecia indicios de enriquecimiento injustificado, puede solicitar la colaboración de la Agencia Tributaria.

Por el contrario, la LOREG y los reglamentos de las cámaras obligan a declarar al adquirir la condición de parlamentario y al modificar las circunstancias, pero no fijan una sanción por no hacerlo, y no existe una figura que compruebe la veracidad de los datos que se facilitan. El Reglamento del Senado exige presentar la declaración junto con la credencial y comunicar los cambios en treinta días; el Reglamento del Congreso remite a la LOREG.

Los servicios de ambas cámaras se limitan a guardar y publicar las declaraciones, sin siquiera solventar problemas de formato o unificar criterios a la hora de cumplimentar las declaraciones. El Senado publica las declaraciones en PDF y XML, mientras que el Congreso lo hace únicamente en PDF sin reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Teniendo en cuenta lo anterior, para la obtención de datos homogéneos de las dos cámaras se ha procesado usando un modelo de lenguaje con visión en lotes de nueve personas, ajustando las reglas en casos complejos.

Criterios al procesar datos

  • Inmuebles. El formulario pide describirlos, no valorarlos, así que se cuentan y no llevan importe; por eso tampoco hay un campo de patrimonio total. Cada inmueble se clasifica en una de ocho categorías: vivienda, garaje, trastero, local o nave, solar, otro urbano, rústica o propiedad de una sociedad (los que constan en el apartado de sociedades de las que la persona tiene participaciones; se cuentan aparte y no son «viviendas»). Se guarda además el porcentaje de titularidad y cuántos inmuebles no son al 100 %. Cada línea cuenta un inmueble por cada componente que nombra: «vivienda con garaje y trastero» son tres, y las cantidades escritas («2 plazas de garaje», «tres parcelas») se respetan, para que declarar «en paquete» o en varias líneas dé el mismo resultado. Como el formulario no es homogéneo, la división se hizo leyendo el texto de las líneas que no seguían un patrón claro, no con una regla automática. Un plural sin número («fincas») se guarda como uno, porque no se puede saber cuántas son, y lo que la persona anota en Observaciones se suma. «Gananciales» sin porcentaje se toma como titularidad completa, porque el formulario no da otro dato; por eso la titularidad media puede sobrestimar la cuota real de quien tiene bienes gananciales.
  • Vehículos. Se cuentan los vehículos, embarcaciones y aeronaves que figuran en el apartado correspondiente, con la descripción de cada persona.
  • Activos financieros. Suma de tres partidas con importe: cuentas y depósitos, acciones y fondos de inversión, y planes de pensiones y otros activos. Los seguros de vida y de ahorro no se suman: un capital asegurado no es un activo comparable y un solo seguro puede superar el resto del ahorro, así que se recogen aparte en el dataset. Tampoco se suman los inmuebles, los ingresos por alquiler ni el ganado que alguien anota en estos apartados. Si una línea mezcla cuentas con seguros o planes y no se puede separar, se deja en depósitos. No es el patrimonio, porque deja fuera los inmuebles.
  • Deudas. Se suma el saldo pendiente, no el importe concedido. Se cuentan por separado los préstamos, las hipotecas (que son un subconjunto de los préstamos; se cuentan como «hipotecas de vivienda» aunque el formulario no diga sobre qué inmueble recae cada una) y las «otras deudas» que la persona anota aparte, por lo que no hay que sumarlos entre sí. Las obligaciones sin saldo pendiente, como una pensión de alimentos, se recogen en las notas pero no se incluyen en el saldo.
  • Sueldo. Estimación con la asignación base, el complemento de cargo (solo el de mayor rango, así que puede quedarse corto en quien acumula varios) y la indemnización por gastos, que es distinta en Madrid y fuera de Madrid, según las tablas del Congreso y del Senado. Los ministros llevan el sueldo fijado en los Presupuestos Generales del Estado.
  • Rentas de alquiler. Solo se marca lo que el texto declarado dice que es alquiler; un importe en «otras rentas» sin concepto no cuenta. Si el alquiler figura en otro apartado por error (por ejemplo, en «otros bienes» o en la casilla de sueldos), se cuenta como renta y no como activo. Cada importe se muestra tal como se declaró, sin convertirlo. Hoy son 119 personas.
  • Sexo. Dos categorías, hombre y mujer, según consta o se deduce de la biografía.
  • Estudios. Cuatro categorías según el nivel más alto que consta en la biografía oficial: enseñanza universitaria (incluye másteres y doctorados, y las profesiones que exigen titulación, como abogacía o medicina), formación profesional, enseñanza secundaria y sin datos. «Sin datos» significa que la biografía no dice nada, no que la persona no tenga estudios.
  • Ocupación. Cada persona figura en una sola de 13 categorías, la profesión que predomina en su biografía: derecho y judicatura, economía y empresa, ciencias sociales y comunicación, educación, ingeniería y arquitectura, sanidad, ciencias e investigación, funcionariado y administración pública, agrario y ganadero, Fuerzas Armadas y seguridad, política profesional (quien no tiene otra titulación o profesión identificada), otra y sin datos. Es una simplificación: quien es profesor asociado y economista cuenta solo en una.
  • Gobierno. Los ministros sin escaño se toman de las declaraciones publicadas en el BOE, que sí da el valor de los inmuebles; el dato es del año de la declaración publicada, a veces de un cargo anterior.
  • Altas y bajas. Quien causa baja sigue en el dataset, pero no cuenta en el hemiciclo ni en las estadísticas.

Posibles errores en los datos

El formulario es de texto libre y nadie verifica su contenido, así que los datos pueden contener errores de quien declara. Estos son los casos que se han detectado y cómo se han tratado, para que se tengan en cuenta al usar las cifras.